Nintendo continúa invirtiendo en los procedimientos judiciales en España, “el país más afectado por la piratería”, según uno de los responsables de la filial ibérica de la empresa. Esta vez el destino fue un comerciante en Avilés, Asturias, que vende los cartuchos usados ?para piratear juegos para Nintendo DS. Las exigencias penales son duras: 23 años de prisión y 840,000€ en daños y perjuicios.
Alejandro Fernández admite la venta de estos cartuchos en su tienda, Alechip Soluciones Informáticas pero subraya que estos dispositivos no se utilizan necesariamente en los juegos piratas. “Estos productos le permiten ejecutar otras aplicaciones y puede poner cualquier aplicación informática en el cartucho”, dijo el dueño de la tienda al diario español La Voz de Asturias.La empresa japonesa está interesada, sin embargo, en la puerta a la piratería que los cartuchos dejan abierta. La Nintendo calcula que cada uno de los dispositivos vendidos le plantea unos costes de 600€ en las ventas en juegos, es decir, tienen unas pérdidas del 50%. Y con la base a ese valor, multiplicado a los 1400 cartuchos vendidos en la tienda se ha calculado la indemnización exigida de 840.000€.
El proceso lleva abierto desde hace dos años, con unos costes de 40.000€ para la tienda. La contabilidad del propio , que incluye honorarios de abogados y dinero perdido se encuentra retenida. El juicio será efectuado ahora para después del Verano. El promotor público pide una pena menor de lo que la exigida por Nintendo: tres años y dos meses de prisión.
Este es el segundo proceso judicial del género que la Nintendo ha emprendido en España. Ganó el primero, el octubre del pasado año, sobre los módulos de carga R4, también para la Nintendo DS, que fueron considerados ilegales haciendo que los propietarios de una tienda de Palma tuvieran que pagar 600€ de multa y 4000€ de indemnización, además de una condena de 6 meses en prisión.
La falta de capacidad financiera para una batalla judicial con la de Nintendo, que pedía 120.000€, dictó la resignación de los propietarios. No recurrieron la sentencia, con la excusa de que como son pequeños empresarios tenían miedo de perder todo en el proceso, casa y tienda. Los responsables de Nintendo no se conmueven, quieren dar ejemplos de legalidad en el país.
“España es el país más afectado por la piratería”, señala Rafael Martínez, subdirector de la Nintendo Ibérica en un artículo de El País. “Hay un hábito, un sentimiento que está ahí y que no valora la propiedad intelectual. Detrás de cada juego hay un trabajo enorme, esfuerzo en inversión”, completaba.
